Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias, en una acción conjunta en pro de la protección de los derechos y la calidad de vida de las personas en situación de Dependencia exigen la retirada del borrador del Proyecto de Decreto que ha promovido la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familia que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma. Creemos que el proyecto adolece de apoyo financiero y que no garantiza la mejora de recursos humanos, y su tramitación urgente impide el análisis en profundidad de su impacto.
Las entidades profesionales de Trabajo Social de Canarias hemos presentado alegaciones durante el período de audiencia que responden a una serie de preocupaciones fundamentales que afectan directamente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En las alegaciones que hemos presentado insistimos en los siguientes aspectos sobre el borrador del gobierno:
Falta de participación: El proyecto ha sido desarrollado sin tener en cuenta la experiencia y el conocimiento del personal implicado, lo cual compromete su eficacia y calidad.
Urgencia sin mejoras financieras ni de recursos humanos: La urgencia en la agilización del proceso no se acompaña de una adecuada financiación y mejora de los recursos humanos, lo que conlleva un riesgo evidente para la efectividad del sistema.
Ausencia de debate y análisis: La tramitación urgente ha impedido un análisis exhaustivo del impacto del decreto, dejando poco espacio para la reflexión y el debate, aspectos cruciales para garantizar la calidad del servicio.
Riesgo de perjuicio directo a los solicitantes: La propuesta actual podría bloquear el acceso al sistema y afectar negativamente a las personas solicitantes, lo que constituye una grave amenaza para su bienestar y derechos.
A la luz de estas preocupaciones, los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias instan al gobierno de Canarias a tomar medidas inmediatas para retirar el proyecto de decreto. Es imperativo abrir un proceso participativo con todos los agentes implicados para buscar alternativas y propuestas de mejora que garanticen un sistema justo, eficaz y de calidad para la atención a la dependencia en Canarias.
