Las entidades profesionales consideran que se están vulnerando los derechos de cerca de 8000 personas en situación de vulnerabilidad social
23 de mayo de 2024
Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias expresan su profunda preocupación ante el colapso en la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), situación que está afectando gravemente a las personas más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social.
Desde la entrada en vigor de la RCC en marzo de 2023, ha pasado más de un año sin que se cumpla la normativa. La ley determina un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes, sin embargo, los tiempos de espera se extienden hasta quince meses. Este retraso sistemático está vulnerando los derechos de miles de ciudadanos canarios que dependen de esta renta para subsistir.
Actualmente, se estima que existen 5.000 expedientes pendientes de reconocimiento y 3.000 pendientes de revisión. Como consecuencia surgen nuevos problemas para las personas beneficiarias, como cobros que deben devolver derivados de los atrasos en las revisiones y comunicaciones de modificaciones en las unidades de convivencia sin atender, colocando a las personas en una situación de indefensión.
El colectivo profesional de trabajo social manifiesta su desaprobación con el trato recibido a las personas solicitantes y beneficiarias de la RCC. Reconocemos que la implementación de una ley de esta magnitud no es sencilla, pero es inadmisible que las personas en situación de vulnerabilidad tengan que esperar más de un año para una resolución que es vital para su estabilidad y bienestar.
En el transcurso de este año, la RCC ha representado un retroceso en los derechos de la ciudadanía canaria. La demora en las resoluciones y la tramitación electrónica, junto con el sentido desestimatorio del silencio administrativo, han creado un escenario de indefensión que vulnera el derecho de acceso a una renta mínima, tal y como recoge el artículo 24 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Las rentas mínimas tienen el objetivo de cubrir necesidades básicas para aquellas personas que carecen de recursos materiales suficientes y que están en mayor riesgo de exclusión social. Sin embargo, Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con los índices más altos de pobreza. En este sentido, lo que se anunció como un “antes y un después” en materia de derechos sociales, en realidad ha sido un retroceso en la garantía de estos derechos.
Las y los trabajadores sociales, canalizadoras del malestar de la ciudadaníal, han visto reducida su labor a tareas informativas y administrativas sobre la tramitación de esta prestación, sin posibilidad de centrarse en los planes individualizados vinculados a la RCC.
Los Colegios de Trabajo Social en Canarias reiteran la demanda de acciones inmediatas y efectivas para solucionar esta situación y garantizar los derechos de las personas más vulnerables en las islas. La administración debe tomar medidas para reducir los tiempos de espera, solucionar los cobros indebidos, asegurar que cada solicitud se gestione con la celeridad y seriedad que merece y facilitar recursos para el acceso a procesos de inclusión social adecuados a las más de 12000 familias que ya tienen concedida esta prestación.
