viernes 26 de febrero de 2021
El Colegio del Trabajo Social de Las Palmas y el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife quieren manifestar públicamente sus discrepancias con la nueva normativa sobre plazas residenciales “de tránsito”. La nueva norma que quiere aprobar el Gobierno de Canarias, pretende derivar directamente a un centro residencial “de tránsito” a toda persona que obtienen el alta médica, pero que no pueden abandonar la plaza hospitalaria que han ocupado porque requieren una atención en los cuidados que no pueden recibir en sus domicilios.
El ejecutivo canario, a través de esta orden conjunta con la consejería de Sanidad y la consejería de Derechos Sociales, quiere establecer también el régimen de contratación de plazas residenciales de tránsito.
Con la aplicación de esta orden, en los términos planteados actualmente, se va a consolidar a los dispositivos hospitalarios del Servicio Canario de Salud como vía principal de entrada al Sistema de Dependencia en Canarias, frente a la vía actualmente existente del servicio de atención a la Dependencia del Gobierno de Canarias y de la red de recursos gestionados por los Cabildos. A través de este mecanismo se prioriza la tramitación de los procedimientos para el reconocimiento del grado de dependencia correspondientes a las personas que sean trasladadas desde el hospital a centros residenciales de tránsito, frente a quienes esperan en sus domicilios por la misma valoración
Esta propuesta pretende solventar el colapso de casos sociales en el ámbito hospitalario, pero puede provocar un incremento de la problemática en el ámbito social. Nos preguntamos ¿Qué se le puede decir a las miles de personas que están sufriendo en silencio la espera para acceder a una plaza residencial y conocen que a dichas plazas acceden personas que están ya siendo atendidas en residencias de tránsito? ¿Qué ocurrirá cuando personas que están en una residencia de tránsito se integran en dicho recurso, y luego se les asigna otra residencia permanente a la que no desean ir? En ambas situaciones entendemos que se están vulnerando derechos.
A pesar de que esta norma también afecta a la intervención de los profesionales del Trabajo Social, tanto en el ámbito sanitario como en el social, no se nos ha tenido en cuenta en la búsqueda de alternativas a esta situación ni en el desarrollo de esta normativa.
El número de personas que permanecen en los hospitales con el alta hospitalaria y con imposibilidad de retornar a su domicilio habitual va a ir en aumento, y una normativa de este tipo no va a resolver la situación, incluso puede empeorarla.
La manera efectiva para atajar esta situación, pasa por, entre otras medidas, fortalecer la red de recursos comunitarios (sanitarios y sociales) para la atención a las mismas.
El propio Gobierno de Canarias ha reconocido que la falta de personal es la causa fundamental de las largas listas de espera para plazas sociosanitarias y residenciales. Los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias creemos que los canales de acceso a los recursos de atención a la Dependencia, cumpliendo los plazos de resolución de una solicitud que es de máximo 6 meses y no los dos años que actualmente es el tiempo de espera.
Las entidades profesionales del Trabajo Social en Canarias entendemos que en la orden no se establece que las plazas sean en centros públicos, por lo que se sigue consolidando y aumentando el negocio de las residencias privadas a través de la externalización y la privatización de servicios, en lugar de su utilización para el refuerzo de los servicios y recursos públicos. Por ello hemos presentado alegaciones a la nueva norma, porque creemos que la atención a las personas en situación de Dependencia solo mejorará desde el compromiso y las actuaciones políticas encaminadas a incrementar el presupuesto y los recursos del sistema público de servicios sociales.
