[Canarias, 29 de noviembre de 2024] – Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias manifiestan su enérgico rechazo a la enmienda 2323 presentada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta enmienda, que modifica el Decreto 57/2023 y afecta al Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, introduce de forma opaca un cambio al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Este cambio, que permite a los ayuntamientos sustituir la prestación directa del SAD por una prestación económica, vulnera los derechos sociales, pone en peligro la calidad del servicio y se ha llevado a cabo sin respetar el procedimiento participativo establecido en el artículo 12 del decreto, dejando fuera a profesionales, administraciones públicas y ciudadanía.
Más de 20.414 personas en Canarias dependen del SAD, según los datos del ISTAC 2023, un recurso esencial que contribuye a mantener la autonomía, dignidad y seguridad de, sobre todo, personas mayores y con discapacidad. La enmienda plantea que los ayuntamientos puedan reemplazar este servicio, prestado hasta ahora por personal cualificado, sustituyéndolo por ayudas económicas, que hacen que los ayuntamientos se desentiendan de ofrecer los cuidados profesiones, trasladando esta tarea a las familias. Esta medida:
- Compromete la calidad del servicio, dejando en manos de las familias una tarea que requiere conocimientos técnicos y recursos que muchas no tienen.
- Aumenta las desigualdades territoriales, ya que los municipios con menos recursos podrían recurrir sistemáticamente a la prestación económica.
- Privatiza de forma encubierta el SAD, debilitando su carácter público y desvirtuando su función como herramienta preventiva y comunitaria.
La forma en que se ha introducido esta enmienda agrava aún más la preocupación. El artículo 12 del Decreto 57/2023 exige que cualquier modificación al Catálogo de Servicios y Prestaciones pase por un proceso de consulta pública, con la participación de las administraciones canarias y del Consejo General de Servicios Sociales. Este procedimiento, diseñado para garantizar la transparencia y la evaluación técnica, ha sido ignorado, dejando fuera a quienes mejor conocen las necesidades del sector y las implicaciones de los cambios. Este acto de oscurantismo y exclusión democrática es inaceptable en un asunto que afecta directamente a los derechos sociales de la ciudadanía.
Doña Carmen, de 83 años, es un ejemplo claro del impacto que podría tener esta medida. Vive sola en su hogar, donde ha pasado gran parte de su vida. Desde hace dos años, cuenta con el Servicio de Ayuda a Domicilio, que le permite asearse, levantarse y mantener su casa, además de ofrecerle compañía y tranquilidad. Este servicio ha sido clave para que conserve su autonomía y no tenga que trasladarse a un centro residencial. Con la enmienda 2323, su municipio podría decidir reemplazar este apoyo por una prestación económica, obligándola a gestionar por su cuenta la contratación de personal cualificado. ¿Cómo podría Doña Carmen coordinar horarios, garantizar la calidad de la atención o cubrir los costes si la ayuda no es suficiente? Situaciones como la de Carmen evidencian el riesgo de esta enmienda: el aislamiento y la pérdida de autonomía para miles de personas vulnerables.
Desde los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias exigimos respetar el procedimiento regulado en el artículo 12 del Decreto 57/2023 y planteamos las siguientes propuestas para garantizar un sistema de servicios sociales transparente, justo y eficaz:
- Priorizar la prestación directa del SAD, asegurando que las familias no tengan que asumir la tarea de la búsqueda de empresas para el apoyo a los cuidados.
- Reforzar la financiación municipal para que todos los ayuntamientos puedan garantizar un SAD público y de calidad, independientemente de su capacidad económica.
- Abrir un debate público y técnico sobre el futuro del SAD, con la participación de profesionales, entidades sociales y ciudadanía, asegurando que las modificaciones respondan a las necesidades reales de las personas usuarias.
Los Colegios Profesionales de Trabajo Social consideran que esta enmienda no sólo es un retroceso en la protección de los derechos sociales en Canarias, sino que también vulnera los principios de transparencia, equidad y participación que deben regir cualquier política pública. El SAD no es sólo un servicio; es un derecho fundamental para garantizar la dignidad y la calidad de vida de miles de personas.
Con 41 años de trayectoria, los Colegios reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos sociales y la construcción de un sistema de servicios públicos que priorice el bienestar de las personas más vulnerables. Instamos a la ciudadanía a sumarse en esta defensa y exigir a las autoridades un sistema de servicios sociales público, accesible y de calidad, que proteja los derechos de hoy y de las generaciones futuras.
