jueves 7 de enero de 2021
Las entidades profesionales creen que no se puede seguir parcheando con planes de choque y contratos por acumulación de tareas.
Aproximadamente el 40 % de la actual plantilla del Servicio de Atención a la Dependencia del Gobierno de Canarias causará cese a 31 de Diciembre de 2020, claro ejemplo de que no se cuenta con personal fijo suficiente que de respuesta a las necesidades del área, lo que supondrá una merma considerable en la ya limitada plantilla que sostiene este servicio. Se trata sobre todo, de personal administrativo y trabajadoras y trabajadores sociales, contratados a través de modalidades temporales que prestan sus servicios en diferentes fases del procedimiento, por lo que la reducción de este personal provocará un mayor colapso en este servicio.
Los colegios profesionales del Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife denunciamos que la administración pública canaria conoce desde hace años la necesidad de refuerzo y de personal estable en este servicio. Se trata de un problema que se produce hace años, y que el actual Gobierno de Canarias debió haberlo abordado desde que comenzó su gestión, no solo desde la consejería de Servicios Sociales, también desde la de Hacienda y la de Función Pública. Conviene recordar que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley de Servicios Sociales de Canarias recogen derechos subjetivos y universales de la ciudadanía, que las administraciones públicas están obligadas a garantizar.
Estamos hablando de un servicio que sufre un importante retraso, en estos momentos desde el inicio de la solicitud hasta que las personas son valoradas para el reconocimiento de su situación de dependencia transcurren de aproximadamente dos años. Además- denunciamos las entidades profesionales del Trabajo Social de Canarias- una vez obtenido un Grado de dependencia, hay que esperar a la elaboración del Programa Individual de Atención para tener acceso a los servicios o prestaciones del sistema, por lo que el retraso se genera en ambas fases del procedimiento. Hay que recordar que el plazo establecido por la ley para el reconocimiento del grado de dependencia es de 6 meses.
Los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias denunciamos que, a pesar de la gravedad de esta situación, y aunque la atención de la dependencia se encuentra en la agenda ciudadana y llevamos años denunciando que Canarias está a la cola en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal, no parece encontrarse en la agenda política. A esta conclusión llegamos a partir de datos oficiales, porque vemos que no se le da a los Servicios Sociales en general ni a la atención a la Dependencia en particular la dimensión económica que requieren, ya que ni en el Plan Reactiva ni en los presupuestos autonómicos de Canarias para 2021 hay una apuesta real y efectiva por el aumento en la financiación destinada a la ampliación y la estabilización del personal que se encuentran en las estructuras básicas para la valoración y atención de las personas en situación de vulnerabilidad que son atendidas desde el Sistema Público de Servicios Sociales, dentro de las que se encuentran las personas en situación de dependencia y las personas que los cuidan.
