Piden a las autoridades que “no polemicen sobre las competencias y que prioricen la protección de los menores”
El Colegio del Trabajo Social de Las Palmas y la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes quieren mostrar su preocupación por los casos de separación de menores extranjeros de sus madres que se han producido en las últimas semanas en Canarias. A la grave situación que se está produciendo en el puerto de Arguineguín, donde desde hace varios meses cientos de personas migrantes han estado durmiendo a ras del suelo, sin recursos para ser atendidos en condiciones dignas, hay que sumar ahora una posible vulneración de los derechos de la infancia.
Desde la Red Canaria por los Derechos de las personas migrantes y el Colegio del Trabajo Social de Las Palmas manifestamos nuestra inquietud por las declaraciones públicas realizada por la fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez, que dijo en un periódico que prefiere a un menor en un centro de menores que entregarlo a una madre sin tener la certeza de si es su madre. Desde estas dos organizaciones sociales creemos que la fiscalía está para que se respete la legalidad y los derechos de todas las personas, y el derecho a la presunción de inocencia de una madre que dice que el niño que traía en el cayuco es su hijo debe respetarse. En algunas crónicas periodísticas se ha hablado de niños que han pasado días llorando tras ser separado de sus madres.
Estas entidades queremos recordar que en estos momentos las pruebas de adn se hacen en Madrid y conocer sus resultados puede durar hasta dos meses, por lo tanto sería muy dañino para los más pequeños separarlos durante todo ese tiempo. Hay laboratorios en Canarias que podrían hacer estas pruebas en unos pocos días, y creemos que durante ese tiempo debe respetarse la presunción de inocencia y dejar a los menores con los padres, madres o con quienes se reconozcan como familiares, aunque carezcan de documentos. La violación de los derechos fundamentales y la discriminación de personas por su origen es más evidente todavía cuando, según ha publicado la cadena SER, a una niña de 11 se la ha separado de sus padres en Fuerteventura incluso cuando traían el libro de familia.
Para realizar esa separación la fiscalía de Las Palmas ha aludido al Protocolo Marco de Actuaciones con los Menores Extranjeros No Acompañados de octubre de 2014, que dice literalmente que “ La Administración General del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor, después de haber oído al menor, y previo informe de los Servicios de Protección de Menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o a aquél donde se encontrasen sus familiares”, resulta difícil entender la interpretación que hace la fiscalía del protocolo para hacer lo contrario que se plantea. Queremos valorar la nueva instrucción del Fiscal Jefe de Canarias para que no se produzcan más estas separaciones.
Desde el Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y la Red Canaria por los Derechos de las personas migrantes, creemos que la causa de lo que está pasando en Arguineguín, de la violación de los derechos de menores y de adultos, se debe a la falta de una política de acogida a personas migrantes por parte del Gobierno del Estado, que tiene las competencias en este tema. Lo importante es crear auténticos centros de acogida (algo que no son los campamentos en los puertos canarios ni los Centros de Internamiento de Extranjeros), y que esos recursos se adapten a las diferentes situaciones: ya sean personas solas, familias, menores, etc.
Las polémicas entre instituciones sobre quienes tienen las competencias no ayudan a la solución de estos problemas. Lo importante es que todas las instituciones se impliquen en una política de acogida coordinada, que tenga como prioridad el respeto a los derechos humanos.
