El reciente asesinato de una compañera de Badajoz ha conmocionado a la comunidad de los profesionales de la intervención social y sindicatos y ha puesto en evidencia la grave desprotección de los profesionales en dicho ámbito. Este trágico suceso no puede quedar olvidado y no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema que ignora las condiciones laborales y la seguridad de quienes desempeñamos una labor esencial para la sociedad.
Desde el ámbito de Reforma y Justicia Juvenil, así como el ámbito de Protección del Menor en la Comunidad Autónoma de Canarias, hemos venido reclamando y denunciando de manera reiterada y con firmeza, ante las administraciones públicas competentes las precarias condiciones bajo las que se lleva a cabo el ejercicio de la guarda en los Centros de Medidas Judiciales, Centros de Protección y Terapéuticos. Estas deficiencias han sido la causa fundamental de innumerables situaciones de violencia física y verbal hacia los profesionales del ámbito en el ejercicio legítimo de sus funciones, que se han normalizado, sosteniendo un Sistema que nos consume y nos expone a riesgos inaceptables.
