Acompañar no basta: el Trabajo Social ante la negación del padrón

Empadronarse ¿no es? un privilegio, es un derecho, incluso un deber. Y, sin embargo, sigue
siendo dificultado, denegado o condicionado cada día en nuestras islas. Especialmente
cuando quien lo solicita es una persona migrante, racializada, madre soltera, en definitiva,
personas a las que actualmente se les niega el acceso a la vivienda digna –y, por ende, al
empadronamiento- debido a requisitos no siempre explícitos, pero que actúan como
barreras reales para construir un proyecto de vida estable.

Desde el Trabajo Social lo vemos, lo escuchamos, lo acompañamos… y a veces, también, lo
callamos. Pero es urgente que dejemos de mirar hacia otro lado.

En un contexto de crisis habitacional, que nos afecta a todas, pero no a todas por igual,
negar el empadronamiento a una persona que vive en una habitación subarrendada, en
ocasiones compartida, cuando no le dan otra opción que vivir sin derechos que le protejan,
no es una “dificultad técnica”: es una forma de exclusión institucional, es racismo. Es usar
las normas para decidir quién merece derechos y quién no. Quién existe oficialmente y
quién queda relegado a la invisibilidad administrativa. Es una forma más sutil -aunque
devastadora- de sostener jerarquías coloniales en el acceso a los derechos más básicos.
Porque sin padrón no hay tarjeta sanitaria, no hay escolarización, no hay igualdad en el
acceso al transporte público, no hay regularización. No hay proyecto de vida digna.

¿Cuál es el motivo para esta denegación sistemática? ¿Cuál el impedimento legal? ¿Por qué
las distintas áreas de los ayuntamientos se pasan la pelota, sin sentarse a buscar una
solución para las miles de personas en esta situación?

Y mientras escribo esto, el Congreso sigue dando vueltas a la Iniciativa Legislativa Popular del movimiento Regularización Ya, para la regularización administrativa de 500.000 personas migrantes. Una iniciativa gestionada por colectivos y personas migrantes, que
logró llevar al Congreso más de 700.00 firmas. Un claro ejemplo de que la organización
colectiva tiene el poder de transformar realidades, más allá de lo que dicte la ley.

Por eso lanzo esta invitación a aportar reflexiones para mis compañeras y compañeros de
profesión: ¿Qué está pasando con el padrón de las personas migrantes en sus municipios?
¿Dónde están los obstáculos? ¿Qué soluciones se están pidiendo? ¿Quién está alzando la
voz ante esta situación? ¿Quién está pidiendo que se asuma la responsabilidad
institucional? Y, si no lo hacemos las trabajadoras y trabajadores sociales, ¿Quién lo hará?

El Trabajo Social no puede ser neutral ante la injusticia. Tenemos una responsabilidad
política y ética. Porque no basta con acompañar: también tenemos que señalar, cuestionar y
transformar.

Dentro del proyecto donde trabajo actualmente, Impulsando la Inclusión: Herramientas
para Agentes Clave, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ejecutado por la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, estamos elaborando una guía sobre Vulneración del derecho al empadronamiento de la población migrante. Y queremos que sea más que un recurso técnico: queremos que sea una herramienta de denuncia, de acción colectiva, de transformación desde dentro. Porque
defender derechos no es una opción, es parte esencial de nuestra labor como profesionales del Trabajo Social.

“Las y los trabajadores sociales deberán denunciar y actuar frente a cualquier forma de  
injusticia social, discriminación, exclusión o vulneración de derechos.”
 (Artículo 7 del Código Deontológico del Consejo General del Trabajo Social)